LA ECONOMÍA Y LA HACIENDA PÚBLICA ANTE LA EXPECTATIVA DE PARO NACIONAL EN NOVIEMBRE 21 DE 2019
El comportamiento de la economía Colombiana en el último trimestre (Julio-Septiembre/19), marca un crecimiento del 3.3%; que nos dejaría próximos a un crecimiento del PIB a 31 de Diciembre/19 de 3.15%. Cabe destacar que de las cifras presentadas por el DANE, resaltan el hecho que la inversión, el consumo de las familias y el comercio crecieron en porcentajes del 5.1%, 4.94% y 5.9%, respectivamente.
Una mirada desprevenida de los anteriores resultados nos indicaría que la economía estaría marchando sobre rieles; debido a que la inversión impulsada por la actividad pública, y el consumo de los hogares crecieron en porcentajes similares. Sin embargo, es de advertir que el sector de la construcción cayó en un 8.1%, y la agricultura y la industria no presentaron la misma dinámica de crecimiento de 2018; pues presentaron crecimientos menores por el orden de 2.6% para industria y el 1.5% para agricultura respectivamente.
Sin embargo, y pese a lo anterior, desde hace más de 50 años se viene incubando lentamente un descontento social, que inicia con un Estado que en todos sus niveles no muestra una planeación consistente y sostenible; debido a que dicha planeación es de período y no de largo plazo, como lo ha sido en países que hoy muestran un gran testimonio como Japón, Singapur, Corea del sur y China entre otros. Si seguimos con la planeación de corto plazo, continuaremos con los miles de mesías nacionales y territoriales que muestran la verdad revelada cada 4 años; desconociendo en su mayor parte la historia de lo construido en los mandatos anteriores. Cayendo desde luego en el plural error de que el que desconoce la historia en su gestión, repite los errores del pasado.
Por otra parte, en cuanto al planteamiento de reformas estructurales, Colombia no solo necesita de múltiples reformas en materia tributaria, pensional y de salud; sino que también necesita las reformas administrativa, política, laboral, de contratación y presupuestal entre otras.
En cuanto a la reforma tributaria, es necesario desmentir el sofisma que han vendido al país, en el sentido que en nuestra nación las personas jurídicas están maltratadas tributariamente. Bajo esta lógica se requiere eximir de tributos a proyectos innovadores y, por tanto, es pertinente seguir afinando la artillería tributaria en cabeza de las personas naturales; con el falaz argumento que la carga tributaria de este tipo de agentes económicos es menor. Lo anterior, no tiene fundamento ni en las estadísticas ni en la praxis tributaria, porque lo que se observa es que después de los descontables, la tributación efectiva de las personas jurídicas está entre el 12% y el 15% y el de las personas naturales está entre el 33 y el 35%. Es decir, la tributación efectiva de las personas naturales viene siendo aproximadamente más del 130% que la tributación de las personas jurídicas. Lo cual de suyo ya hace inequitativo nuestro sistema tributario. Asimismo, es bueno revisar las exenciones, que sin discriminación se realiza a los denominados proyectos innovadores, debido a que atropellan la equidad, tal como lo vienen sugiriendo la OCDE y Abhijit Banerjee, premio nobel de economía 2019.
Por otra parte, hace nueve meses registramos, que una reforma pensional se requiere por asuntos estructurales, relacionados con la regresividad del sistema, la escasa cobertura, y el alto costo fiscal entre otros. Por tanto, proponemos cambiar el obtuso, nimio y facilista discurso del aumento en la edad y la cotización pensional, por otro que permita la continuidad del actual modelo de economía mixta, sin contemplar la posibilidad de excluir a Colpensiones. Igualmente, proponemos la posibilidad de implementar un sistema multipilar en donde Colpensiones asuma el tema de las pensiones entre 1 y 9 salarios mínimos; y de la misma manera también a los fondos privados se les confíen valores iguales o superiores a 10 salarios mínimos. Así mismo, proponemos que se terminen los subsidios que existen en el régimen de prima media para personas de altos ingresos; y que, de la misma manera, se establezca que el tope de semanas de cotización sean de 1200 en ambos sistemas; sin que haya aumento alguno en la edad, ni en las tarifas de cotización actuales.
Ahora bien, es el momento que tanto el poder Ejecutivo, como el Congreso de la República se sinceren con el pueblo que representan, y le den trámite a una verdadera reforma estructural en salud, que esté de cara al sistema nacional de salud y no solo al servicio de la rentabilidad del sector financiero colombiano.
Así las cosas, y guardando consistencia con lo dicho, es pertinente pensar en la necesidad de separar a los aseguradores de los prestadores, de revisar el tipo de modelo, la crisis de los hospitales públicos, las deudas de las EPS, las inmensas dificultades de organización del sistema, las decisiones en materia de prevención, promoción, y control de costos de los medicamentos. Así mismo, es preciso colocar en cintura, investigar y sancionar efectivamente a las EPS e IPS que, bajo argumentos abiertamente inconstitucionales,
se nieguen a otorgar a sus usuarios el acceso a servicios complementarios y tecnologías en salud consignados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y no PBS. También es necesario considerar rutas de solución alternativas a la encumbrada deuda de los Departamentos, que transita por senderos cercanos a los $3 billones.
En síntesis, la recuperación de la economía y de los niveles de crecimiento del PIB por encima del 3% requieren el adelanto improrrogable de las 3 reformas estructurales aquí en mención. Pues son necesarias para que se eleven el ahorro y la productividad; se mejore la situación fiscal; se logre que los jóvenes ahorren para su vejez; e igualmente, se garantice un mejor acceso y efectividad de la prestación del servicio de salud. Por lo tanto, el desarrollo de estas reformas se constituye en requisito esencial para lograr garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal del país.
Por todo lo anterior, se hace necesario que el gobierno en sus próximas actuaciones en los campos de la Economía y la Hacienda pública y siendo proactivo con varios de los temas que han fundamentado la solicitud de paro nacional; formule propuestas consonantes con principios de nuestro Estado Social de Derecho y con la satisfacción de las necesidades colectivas. Así mismo es pertinente, que además se honre el título de nuestro plan de desarrollo denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, con la eliminación del tan desequilibrado sesgo de intereses, que han convertido en injusto e inequitativo, nuestro sistema tributario, pensional y de salud.
