LA HACIENDA PÚBLICA COLOMBIANA Y EL CONTINUO TRAZADO DE CAMINOS DIVERGENTES EN LA PLANIFICACIÓN DEL

A 50 años de haberse expedido la reforma administrativa de 1968, en la cual se creó una comisión del plan, que nunca se reunió; y a 27 años de incorporarse en la carta de 1991, la figura del voto programático; dentro del marco de la formulación y radicación de un programa de Gobierno, por parte de los aspirantes a dirigir los destinos de la rama ejecutiva del poder público, en los niveles nacional y territorial. Aún no es posible afirmar que se haya presentado un programa de gobierno, en consonancia con los requisitos que exige la normatividad vigente y los reglamentos y directrices técnicas del Departamento Nacional de Planeación para este efecto.

Igualmente, hemos verificado que el actual proceso de primera vuelta para elegir Presidente de la República de Colombia en el período 2018-2022, no es la excepción a lo afirmado; puesto que los distintos programas de gobierno aportados por los aspirantes presidenciales tienen en muchos casos fundamentaciones similares y se caracterizan por hacer un listado de intenciones, que generalmente no cuentan con apoyo estadístico, en lo atinente a la financiación de las propuestas. De la misma manera, tampoco contemplan el reemplazo de las rentas que apalancarían las que se proponen eliminar para recuperar la confianza inversionista del sector empresarial colombiano y la inversión extranjera, como exponen la mayoría de ellos.

Así mismo, la historia de los últimos 50 años en Colombia ha sido caracterizada por la constante de planear después de haber sido electo. Además, en el caso de la administración Nacional, no se ha dado claridad expresa sobre la adscripción a un modelo de desarrollo económico. Pues, lo que se ha dado tácito en casi la generalidad de los planes de desarrollo gubernamentales después de 1970, es la mixtura de un modelo de infraestructura ligado a la aparición estructural de déficit fiscales y comerciales, con asomos de características de modelos estructuralistas, liberales contemporáneos, Neo estructuralistas y de Tercera vía en el caso último del período 2014-2018.

Así las cosas, dada la constante de presentar un listado de intenciones por parte de los candidatos sin el suficiente argumento estadístico y financiero, deja todo el esfuerzo de planificación y de la formulación del programa de gobierno para después de la posesión y para el primer período de sesiones ordinarias de las corporaciones encargadas de aprobar los planes de desarrollo en los niveles nacional y territorial. El resultado es que la planificación de la programación y ejecución presupuestal y contractual se rezague en aproximadamente 16 meses para el sector central de la Nación y en 12 meses para las entidades territoriales. Igualmente, la previsión legal de solo enviar a las corporaciones, la presentación global y no detallada del presupuesto de gastos, genera una razón más de la baja estatura en la que pragmáticamente se tiene en el país a la planeación como proceso administrativo; pese a que doctrinal, jurídica y jurisprudencialmente es jerárquicamente el primero de todos los procesos de la administración de lo público.

La anterior práctica administrativa, ha llevado al complejo e inefectivo escenario de múltiples reservas presupuestales y vigencias expiradas, por la denodada y permanente carencia en la aplicación, de un objetivo proceso de planeación plurianual y anual en el denominado tríptico administrativo constitucional de la planeación, el presupuesto y el contrato estatal. Además, la paquidérmica planeación, unida a la improvisación que caracteriza la asignación de partidas de inversión regional, sin el lleno de los requisitos legales que exige la presentación de proyectos viabilizados; generan en la práctica dificultades en la ejecución futura del proyecto, que se terminan convirtiendo en sobrecostos, en constantes adiciones a contratos y hasta en futuras demandas a la nación, por supuestos desequilibrios económicos en la ecuación del contrato estatal, que terminan deprimiendo el fisco, agregan ineficacia a la gestión pública estatal y por contera rezagan el objeto central de satisfacer las necesidades del colectivo.

Un testimonio reciente de lo anterior, es decir, de la divergencia entre la planeación del gasto y el contrato estatal, pero desde la perspectiva de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías, es el expuesto por el contralor general de la república así: “ El sistema de regalías entregó una chequera en blanco a las entidades territoriales, pues hay libre destinación, sin metas exigibles y verificables, ello permite que recursos deriven fácilmente hacia contratistas y los servidores públicos que adjudican. Las pérdidas por obras inservibles superan el billón de pesos; y agrega que se están haciendo obras por el afán de contratar y en el camino se dan cuenta que no tenían todos los requisitos para ponerlos a funcionar, lo cual ha generado un extenso terreno de elefantes blancos, donde se destacan 5.319 proyectos con señal de alerta, 1.200 proyectos que se encuentran atrasados y 4.000 proyectos que no han presentado información al gobierno”.

PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO 2018-2022

Después de una revisión exhaustiva a las propuestas de gobierno discutidas en debates televisados y por medios virtuales y a las que aparecen en las respectivas páginas web de los candidatos a la presidencia de la república, se puede concluir que los planteamientos de los candidatos son muy similares y coinciden en su mayoría en reducir la carga tributaria para algunos sectores y grupos poblacionales; Proponen reducir el gasto fiscal innecesario; Proponen diversificar la economía; y Presentan algunas ideas sin suficiente fundamento financiero de reformar el sistema pensional. En alguna ocasión me había referido a este tipo de propuestas como cantos de sirena, fábulas y cortinas de humo y aún lo sigo sosteniendo; porque siempre que se siga dando el enfoque programático con la nimia característica de propuestas, y no la de un consistente programa de gobierno; entonces seguirán manifestándose las mismas consecuencias advertidas en párrafos precedentes. Pues, es tanto así que los candidatos ni siquiera han señalado de manera abierta, clara y meridiana, el modelo de desarrollo que quieren seguir. El país no sabe aún la corriente ideológica que piensan incluir en su plan de desarrollo, pues ninguno ha dicho si decide dejar el actual modelo de tercera vía, o toman un rumbo distinto. Igualmente, no demuestran con estadísticas y con propuestas serias de reforma tributaria estructural, como van a reactivar, diversificar y elevar la productividad de nuestra desacelerada Economía Colombiana.

Nuevamente reitero en la necesidad de establecer un programa de reestructuración en la DIAN, con el ánimo de iniciar un agresivo programa de formalización tributaria, tendiente a aumentar la base gravable. Igualmente, y de manera paralela, se debe acometer la realización de una reforma tributaria estructural, tanto de las rentas nacionales, como las territoriales, que vaya de la mano en la definición de los elementos estructurales del impuesto, con la cronología de los resultados que se esperan del proceso de formalización, sobre todo para la definición de tarifas impositivas.

Por otra parte, es de buen recibo que los candidatos ya se encuentren al menos refiriéndose al tema de la reforma pensional. Lo cual anima a plantear soluciones a la problemática nacional, mediante la proposición en primera instancia de un sistema multipilar, en donde Colpensiones asuma el tema de las pensiones entre 1 y 9 salarios mínimos y los fondos privados lo asuman por valores iguales o superiores a 10 salarios mínimos. Igualmente, propongo que se terminen los subsidios que existen en el régimen de prima media para personas de altos ingresos y bajar el tope de semanas de cotización a 1200 en ambos sistemas; sin aumento alguno en la edad ni en las tarifas de cotización actuales.

Finalmente, para que haya congruencia entre la planeación del ingreso, el gasto y la contratación estatal, se hace necesario que los partidos políticos entiendan que la planeación en Colombia tiene origen político y que un candidato tiene que hacer un Pre-plan a manera de programa de gobierno, para que se honre el voto programático establecido en la carta política y no se origine el galimatías que hoy ocurre en el escenario de la gestión pública gubernamental. Igualmente, esto permite que los tiempos sean consistentes y que se planee antes y no después, como viene ocurriendo en la actualidad. Así mismo, hay que asumir el liderazgo de la planeación por parte del Estado, puesto que desde hace muchos años se le viene dando cabida a diversos grupos de interés de carácter privado, para que permeen con sus posiciones, las distintas comisiones asesoras que se han conformado en materia de gasto, tributación y planeación; en particular detrimento de la satisfacción de las necesidades de la colectividad.

HENRY AMOROCHO MORENO.

Twitter: @henry_amorocho

Página web: amorochoydaza.com