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LOS NEGATIVOS EFECTOS DEL AUMENTO DE LA TASA DE INTERÉS EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA

El panorama fiscal colombiano no es nada halagüeño. El déficit fiscal se estima en $70 billones sin registrar aún los gastos que generarían las reformas estructurales que hacen su curso en el Congreso para la vigencia de 2024. Actualmente no se conoce aún el marco fiscal de mediano plazo que se debió entregar al Congreso de la República el 17 de Abril/23 y que tendría que contener los cálculos de lo que sería posiblemente el déficit fiscal, el PIB, la tasa de cambio, la tasa de interés, el IPC y el precio del petróleo para fundamentar los estimativos del presupuesto general de la nación y del plan operativo anual de inversiones para 2024.. Igualmente, se prevé por lo que nos ilustra el índice de seguimiento al crecimiento económico que, a feb/23, la economía creció en una dinámica cercana a la mitad de lo que fue el crecimiento económico en el mismo período del año 2022; y además ello corrobora el decrecimiento que se observa de la economía del 1.5% entre enero y febrero/23.


Antes de que nos basemos en las cifras que describen el comportamiento de la economía del sector público y la hacienda pública colombiana para formular estrategias de control y responsabilidad fiscal, es importante reflexionar de manera integral sobre las causas subyacentes de la mala gestión pública que está afectando negativamente las finanzas públicas y la economía colombiana.


En relación con lo anterior y desde una óptica integral, viene ocurriendo una equivocación sistemática en materia de administración de la hacienda pública y de política monetaria pública. Se trata de abordar la inflación únicamente mediante el aumento de la tasa de interés de intervención, en lugar de una política macroeconómica coherente que involucre a todas las instituciones del Estado colaboren armónicamente con el cumplimiento irrestricto de sus funciones, para evitar el incremento desbordado del IPC. Si bien el índice moderó su velocidad al alza en Abril/23, pues, se redujo en 0.51% frente al mes de Marzo/23, aún mantiene el comportamiento ascendente de algunos tópicos, como el del índice de precios al productor, con las manifiestas y negativas consecuencias en los niveles de ingresos de la población y del fisco general de la nación.


De la misma manera, es pertinente registrar que, llevamos 13 meses continuos de aumento en la tasa de intervención sin que a la fecha se haya logrado reducir la inflación y lo que se ha producido es el resultado exactamente contrario. Por ello, el Estado debe asumir el reto de bajar la inflación con un adecuado control de la tasa de cambio, la tasa de usura, la tasa de intervención, los precios de los servicios públicos, especialmente los relacionados con la electricidad y el trámite de las reformas acordes con la realidad fiscal del país. De la misma manera, se requiere superar la confianza ciega en el uso de la tasa de interés para combatir la inflación, pues el abuso de esta medida está provocando un choque de demanda agregada en sectores como vivienda, emprendimiento empresarial, minas y canteras, alimentos, turismo, y comercio en general. De igual forma, se debe cumplir el mandato constitucional, legal y jurisprudencial que, obliga a mirar la economía desde la perspectiva de la estabilización económica, sin que por ello se descuiden los niveles de empleo, crecimiento y coherencia macroeconómica que, propenden por la armonización de las variables fiscales y monetarias necesarias para avanzar en la superación de déficit fiscal y de balanza de pagos.


DE LA NIMIA ACCIÓN DE LOS ENTES DE CONTROL


En el contexto de la Hacienda Pública cada vez es más palpable la exigua actividad de los órganos de control del Estado en la evaluación objetiva del proceso de planeación en Colombia. Su actuación, por el contrario, se concentra básicamente al control de gestión del proceso de ejecución, sobre todo en lo concerniente a la actividad presupuestal. Sin embargo, en lo que respecta al tema de la inflación - que es de carácter transversal en la administración y afecta a la mayoría de la población colombiana - se observa una escasa actividad de los órganos de control del Estado para contribuir a la lucha contra la inflación a través del control de gestión. Esto es evidente en una de sus principales consecuencias, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda (ver la norma habilitante consignada en el artículo 373 de la Constitución Política de Colombia). Igualmente, las superintendencias financiera, de industria y comercio, de transporte, y de servicios públicos, así como la Contraloría General de la República pasan básicamente desapercibidas en la coyuntura, en un contexto en el que los precios en muchos sectores parecen no ser asignados por las fuerzas del mercado ni por una objetiva contabilidad de costos, sino por lo que a cada sector se le ocurre.


El gobierno en su angustia porque la inflación no llegaba a su techo - en efecto falló 4 veces en su pronóstico desde Noviembre/22 - invitó a los gremios a concientizar a los empresarios para que ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios. Sin embargo, esto no servirá de mucho sino se atacan razones de fondo, pues es necesario que las empresas se formalicen para que tengan contabilidad normal y de costos y los precios se asignen por lo que los economistas llaman el “precio natural” y no al “ojímetro” y a la conveniencia de cada sector; puesto que, tienen a la inflación en un efecto meseta desde Abril/23 y con un pausado camino de regreso, de la mano de la reducción en la dinámica de la producción, más conocida como desaceleración económica.


Con ánimo propositivo hacemos un llamado respetuoso al órgano de control fiscal, para que observemos al control fiscal macro, como una herramienta fundamental para coadyuvar el proceso integral que impulse por caminos de efectividad el cumplimiento dinámico del ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Esto con el fin de obtener los resultados que nuestra carta política solicita, guardando armonía y consonancia con la finalidad social del Estado y la satisfacción de las necesidades colectivas.


De igual manera, es un anhelo generalizado no ver al Estado lleno de ejemplos de irracionalidad administrativa. Sin embargo, esto parece no ser el caso, ya que el poder ejecutivo está presentando reformas estructurales al Congreso sin estimaciones ni proyecciones de costos a largo plazo, como en el caso de las reformas laboral, pensional y de salud. El Ministerio de Hacienda ha optado por esperar hasta después de un debate político como el que se está dando en la reforma de salud para presentar su verdadera propuesta de reforma. Además, hay graves daños al ecosistema debido a las quemas indiscriminadas en la Amazonía colombiana, lo que podría resultar en un costo de cerca de $14 billones. La improvisación en el proceso de planeación también es un problema, ya que la financiación del plan nacional de desarrollo no está totalmente clara de manera integral. Con la propuesta de financiar el proceso de paz con recursos de emisión primaria, existe el riesgo de un mayor déficit fiscal y su financiamiento, lo que podría resultar en una nueva reforma tributaria en 2024 o 2025.


Por todo lo anterior, comienza a ser importante que, el control de gestión en lo fiscal y la responsabilidad fiscal vayan tomando nuevos rumbos en donde el protagonismo lo tome también el control fiscal Macro y no solo el control fiscal Micro basado en el proceso de ejecución. Es importante ir más allá de hacer un control a los recaudos del sistema tributario en partidas loables como $10, 100 y hasta $1.000 millones, para pasar a considerar montos como las desfinanciaciones billonarias del plan de desarrollo, de las reformas estructurales y del presupuesto de 2024. Aún más importante es imperativo reconocer que realizar el control de la inflación únicamente la tasa de intervención es una equívoca política monetaria pública. Su insistente aplicación viene dejando consecuencias tan negativas en las finanzas públicas y en la desaceleración del crecimiento en la economía que, generarían déficit fiscales monumentales y muy cercanos a cifras que pasan de los $12 billones; y sobre este tipo de actuaciones que tanto daño hacen al erario no hay control de advertencia


En el campo del Derecho de la Hacienda Pública, la evolución de los hechos económicos, sociales y hacendísticos exige cambios en las normas con el tiempo. Por lo tanto, es importante que el control fiscal de gestión y la responsabilidad fiscal se adapten a esta evolución para que el papel del Derecho del Control Fiscal, de la gestión pública y, en particular, de la responsabilidad fiscal en Colombia, sea más objetivo y efectivo.


HENRY AMOROCHO MORENO.

Profesor Titular

Hacienda Pública y Tributación.

Universidad del Rosario.


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