HACIENDA PÚBLICA Y PANDEMIA EN COLOMBIA: ENTRE EL PÁNICO, LA INCONSTITUCIONALIDAD Y LOS CUIDADOS INT


Este artículo tiene como objeto analizar desde una perspectiva histórico-doctrinal y propositiva, la forma como gobernantes y doctrinantes han abordado la crisis del Covid-19. Para tal fin, el texto se fragmentará en tres acápites: En primera instancia se llevará a cabo un recuento de los antecedentes y causas de la crisis del Covid-19. En segundo lugar, se explicarán los aspectos histórico-doctrinales de las crisis económicas más profundas de la historia mundial bajo la perspectiva que cada crisis tiene sus propias características y, por ende, su propio recetario de soluciones. Finalmente, concluiremos que el antídoto para la enfermedad económica que acompaña a la pandemia no se encontrará al resucitar o volver a Keynes, como lo vienen sosteniendo muchos analistas; o de persistir en la tozudez de insistir en posturas de raigambre liberal y neoliberal. Al contrario, lo pertinente, ante la presentación de escenarios atípicamente nuevos, como los de la coyuntura del 2020, son respuestas no convencionales en lo local que deben ser acompañadas en lo global por un certero liderazgo, inundado de solidaridad, cooperación y responsabilidad social.


ANTECEDENTES


El año 2020 inició con manifestaciones en el panorama global, que algunos señalan de tipo apocalíptico. Con la ocurrencia de incendios forestales e inundaciones en gran parte del suelo australiano, conflagraciones en los bosques californianos y en la selva amazónica y múltiples movimientos telúricos en distintas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Todo lo anterior ha venido quedando en el olvido, por la dimensión de los estragos que en materia sanitaria y económica viene generando en el escenario global el virus denominado SARS-COV-2, asociado a la enfermedad respiratoria Covid-19.


En el mes de enero, las noticias internacionales informaron sobre confinamiento y cuarentena en Wuhan (China), como parte de las estrategias para impedir la propagación exponencial del virus. Dichas noticias generaron reacciones en los mercados bursátiles muy cercanas a la histeria y al exacerbado pánico; que originaron decisiones financieras que motivaron el desarrollo de inversiones en mercados de activos, tales como el oro y los bonos soberanos.


Lo precedente también se explica, por el frenazo en la economía China, producido por medidas de carácter autónomo, relacionadas con el cierre parcial de la producción económica del dragón asiático, tomadas en el marco de la batalla contra el enemigo invisible; las cuales se reflejaron de manera cardinal en la cotización de un precio cada vez más alto del dólar, y cada vez más bajo del precio del petróleo.


Lo anterior, aunado a la declaratoria de pandemia de Coronavirus por la Organización Mundial de la Salud y al desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita para reducir la oferta petrolera el 11 de marzo, tuvo dramáticas repercusiones a nivel local. La suma de estas variables conllevó a que el 12 de marzo de 2020 la valoración del dólar se cotizara en Colombia a un precio histórico por encima de los $4.000. Con lo cual se sentaron las bases para la declaratoria de 2 emergencias: la sanitaria mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 y la económica por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.


ASPECTOS HISTÓRICOS Y DOCTRINALES, DE LA CRÍSIS LOCAL Y GLOBAL


Con el objeto de plantear perspectivas generales de actuación para la superación de la crisis ocasionada por la propagación del contagioso virus, reseñaremos 2 de los más reconocidos ciclos recesivos de la historia de la humanidad, que devienen del siglo XV A.C y de principios del siglo XX respectivamente. Los artífices estratégicos e ideológicos de la recuperación económica, en los períodos arriba referenciados, fueron José, el Gobernador de Egipto y el economista anglosajón John Maynard Keynes, en la paradigmática crisis de los años 30 del siglo XX.


En teoría de la administración y en temas de liderazgo empresarial, se suele citar el pasaje bíblico del libro de Génesis, donde un faraón egipcio tiene un sueño con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, lo cual lo llevó a consultar a un presidiario hebreo experto en interpretación de sueños llamado José, hijo del patriarca Jacob. Ante la respuesta dada por José, el Faraón lo interroga acerca de la manera como se podría afrontar el reto económico, para manejar después de 7 años de abundancia, 7 años de sequía; que posiblemente estarían caracterizados por el hambre, como en efecto sucedió. Ante el consejo solicitado por el Faraón, José expresa que la clave fundamental era el ahorro permanente en el tiempo de al menos el 20% del ingreso recibido. Igualmente, José agregó que, los recursos ahorrados deberían ser administrados por personas honestas y sabias; Ante estos oportunos consejos, el Faraón lo designa como Gobernador de Egipto. De la misma manera, se registró en la historia, que durante la administración de José, se produjo el período de más alta prosperidad del imperio Egipcio, como resultado de la excelsa administración de los recursos del tesoro del reino, consecuencia de la venta de alimentos a la comunidad económica afectada por la sequía global; que luego se invirtieron en obras de infraestructura, en las que se empleó mano de obra Egipcia y también se recurrió a población sometida a esclavitud, ante la carencia de recursos económicos de esta última para subsistir.


Otro período histórico de crisis que tuvo manifestación universal, es el más comúnmente conocido como la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, caracterizada por la presentación simultánea de estancamiento económico con deflación. Es decir, recesión económica, con baja generalizada del nivel de precios en la economía. Dicha situación económica fue superada con una estrategia de intervención agresiva del Estado en la economía, soportada con financiamiento proveniente de endeudamiento público con la banca central, orientada a financiar gasto del Estado debidamente planificado para ejecutarse en inversión de obras públicas de infraestructura, con el objeto de reactivar la demanda agregada, coadyuvar al incremento del PIB, el crecimiento económico y, por contera, del nivel de empleo. Todo este escenario se debía dar en el corto plazo, para que la economía lograra el equilibrio en el menor tiempo posible, bajo la égida de un ambiente económico de recuperación de los precios al alza y del crecimiento sostenido del PIB.


Los dos escenarios descritos con anterioridad están caracterizados por dos manifestaciones como son el hambre y la recesión. Estas podrían hacer aparición en el actual panorama económico colombiano, si la actuación del Estado no estuviere a la altura de la dimensión y de las circunstancias que a continuación se exponen.


Ahora bien, el contexto de la crisis económica del 2020 es diametralmente distinto a los 2 críticos momentos antes reseñados; pues el primero tuvo su origen en un fenómeno natural, la sequía, y el segundo en un fenómeno especulativo del mercado bursátil que desencadenó el desplome general de los precios, del PIB y del nivel de empleo. Por su parte, la situación de este año, tiene su origen en las decisiones de política sanitaria y económica tomadas, autónomamente, por los Estados a fin de detener el crecimiento exponencial del contagio del Covid-19. Así pues, en materia sanitaria, tras consultar con los científicos de la salud, múltiples países optaron por la implementación de un aislamiento obligatorio de la población y las consecuentes cuarentenas. Pues, de no aplicar estas medidas, la tasa de mortalidad del virus aumentaría a niveles alarmantes, ya que la curva epidemiológica crecería fuera de control y los sistemas de salud colapsarían al ser incapaces de satisfacer la demanda de servicio médico. En este orden de ideas, una circunstancia excepcional, en conjunto con la mala administración y el rezago estructural en materia de infraestructura en salud para afrontar este tipo de crisis, dieron origen a esta nueva problemática.


Así las cosas, las medidas de aislamiento preventivo tomadas por los gobiernos para proteger la salud púbica, condujeron a los Estados golpeados por la crisis a tomar decisiones administrativas de policía económica. Dentro de ellas encontramos el auto decretarse un paro en la actividad económica y enfrentar las consecuencias que representan la implementación del frenazo económico, con recetas de tipo heterodoxo, que inundaron de miedo, temor e incertidumbre al mercado bursátil. Aunado a lo anterior, otros factores económicos y de tipo geopolítico que se venían gestando desde 2019, tales como la desaceleración económica mundial que llegó solo a un crecimiento de 2.5% del PIB global en 2019, producida principalmente por la guerra comercial EE.UU.-China, desencadenaron una fuerte volatilidad de los precios del dólar y del petróleo que, marcaron nuevos referentes históricos de la divisa y del crudo WTI y BRENT a US$ 1.28 Y US$ 20 respectivamente en abril 20 de 2020.


DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y MARCO PROPOSITIVO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA, BAJO LA ÓPTICA HACENDÍSTICA Y ECONÓMICA, EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS.


En consonancia con lo anterior, el caso colombiano no es ajeno a la acumulación de circunstancias, que señalaban la pérdida de dinámica económica del aparato productivo. Recibimos el 2020 con aumento del endeudamiento de personas naturales y jurídicas entre septiembre y diciembre de 2019 para dinamizar el consumo privado. También se disimuló que no estábamos cercanos a una desaceleración, con la llegada de más de US $6.000 millones en remesas, que colocaron nuestros connacionales en el exterior. Igualmente, la presentación de un pírrico ahorro de los colombianos del 3% del total del ingreso, unido a la contabilidad creativa del Estado que sirve para maquillar resultados fiscales, registrando utilidades contables del Banco de la República como si fueran recursos ordinarios de la Nación para reducir ficticiamente el déficit fiscal y cuadrar, de manera forzada, una regla fiscal que está totalmente violentada.


De la misma manera, factores como una deuda del 50% del PIB, un índice de Gini de 0.49, un déficit de balanza de pagos que va llegando al 5% del PIB, un déficit fiscal del cual ya se solicitó una autorización para llevarlo en 2020 al 6% del PIB, tasas de interés de hasta el 28.69% y una economía informal cercana al 70% de la población; se constituyen en claros indicadores que, cuando llegamos a la declaración de la pandemia del coronavirus y al inicio del aislamiento obligatorio, Colombia se encontraba incursa, como lo ha estado desde hace tiempo, en una economía de fantasía y de mentiras.


Así las cosas, una población que a los 15 días de confinamiento, aislamiento y cuarentena, clamaba a gritos por auxilios, alivios, subsidios y otros, para suplir las dificultades de liquidez que ya atravesaban personas naturales y jurídicas, en virtud del cierre aproximado del 70% de la actividad productiva en Colombia; solo puede ser producto de una economía fundamentada en apariencias. Bajo la égida de una economía al debe, con inefectividad administrativa, acompañada de bases de datos inapropiadas como la del último censo electoral que, no dejaron evolucionar dinámicamente programas como el de ingreso solidario; y que conjuntamente con la escogencia errónea del sector financiero para la irrigación de liquidez al sistema empresarial, aunado a la galopante corrupción territorial y nacional; completaron el escenario del universo de fábula y de ficción de nuestro frágil y alicaído aparato económico.


Las medidas que se tomaron para controlar la propagación del Covid-19 y los efectos sobre la actividad económica en general, con base en el Decreto 417 de 2020; en buena parte guardaron consistencia con el andar artificioso de la administración pública, del sector financiero, y de amplios segmentos de la población colombiana. Pues, varios de los decretos, entre ellos el 444, el 492 y el 558 de 2020 lo que evidenciaron es que el Ejecutivo sin una seria planeación, trató de echar mano de todo tipo de recursos, de los cuales no eran titulares sino administradores. Bajo el argumento que los del 444 de 2020, es decir los del FONPET y el FAE por $14.2 billones, eran préstamos. Los del Decreto 558 de 2020, por $5 billones, eran para salvar del riesgo por la baja de los rendimientos de los portafolios de inversión, a 20.000 pensionados del régimen individual de retiro programado, para trasladarlos al régimen de prima media de Colpensiones. Dicha situación, fue desmentida por el Presidente de Asofondos, quien manifestó en distintos medios de comunicación que las AFP no atravesaban ninguna crisis, pues las AFP tenían garantizado y protegido el pago total de los 20.000 pensionados, que en este momento ya son 27.000. También, agrega el representante gremial que, posiblemente los $5 billones de las pensiones de retiro programado, serían utilizados para atender problemas de liquidez y de tesorería en el sector central o descentralizado de la nación.


Así mismo, con el Decreto 492 de 2020 se completa la moñona laboral, pues con este decreto legislativo la nación se apropia de las reservas que los Colombianos tienen para sus cesantías en cuantía de $100.000 millones, correspondientes a la descapitalización del FNA. Lo que es aplicable para los Decretos 444/20, 558/20, también lo es para el 492 de 2.020, en el sentido que se violenta de manera concluyente el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia; pues hay una prohibición de manera expresa de destinar y utilizar los recursos de la seguridad social, para fines diferentes a ellas.


Otro gran error del poder ejecutivo central, es el de haber escogido al sector financiero como aliado para inyectar liquidez vía crédito a las empresas del país, puesto que, este nunca bajó las tasas de interés, pese a que el Banco de la República redujo la tasa de intervención a 3.25% y se bajó también la tasa de usura a 28.5%. Así mismo, según lo señala la Superintendencia Financiera, que ha tenido un papel bastante discreto en la inspección y vigilancia del sector, el interés bancario corriente es de 28.69%. Esto en nada converge con la necesidad de dar oxígeno a la economía en épocas de paro económico auto decretado para afrontar el Covid-19, como el que se expidió en Colombia bajo la declaratoria de emergencia económica del Decreto 417 de 2020.


De lo anterior se colige que, los bancos han sido inferiores al reto adquirido para reactivar la economía; y lo que ha sido evidente en las acciones del Estado, incluyendo al Banco de la República, es que se ha dado una protección excesiva para este sector que, ha dejado el crédito a microempresarios prácticamente sin aplicación, por la exigencia de garantías y la poca atención que ha merecido el hecho que el Estado asuma el 90% del riesgo crediticio. Así mismo, por el lado de los créditos a grandes empresarios, lo que se observa es que se han convertido en buena parte en sustitución de cartera con bancos de segundo piso como Bancoldex, compensando activos con pasivos con un mismo cliente. Es decir, vulnerando el principio de no compensación contable y por consiguiente hasta la misma legalidad del objeto de la asignación y destinación de este tipo de partidas. Como producto de la operación descrita, es posible que se haya desviado parcialmente la destinación de los recursos de fuente de endeudamiento del Estado con el FONPET y el FAE, que eran para exclusiva prevención de la propagación del Covid-19 y sus efectos sobre la actividad económica en general.


En la ahora denominada primera emergencia económica, el poder ejecutivo le entregó las llaves a los bancos de las compuertas que abrían el crédito para los empresarios; y estos lo que hicieron fue echarle candado a dichos recursos, dejando una secuela de costos sociales. Entre ellos los más cardinales han sido la disminución del empleo y la aceleración de la disminución del Producto Interno Bruto. Puesto que, la disminución del empleo hoy se contabiliza por el DANE en cerca de 1.600.000 nuevos desocupados, y en cuanto a la desaceleración del PIB, en el mejor de los casos tendremos una baja cercana al 3% del PIB, lo cual nos indica un crecimiento positivo de 0.3% del PIB en 2020. Sin embargo, esto está sujeto a que el Estado a través de la rama ejecutiva del poder público, aplique de manera respetuosa algunos correctivos, que nos permitiremos registrar posteriormente.

En consonancia con lo anterior, es importante señalar que un reciente proyecto de tres universidades internacionales (Oxford, Princeton y Yale) sobre pequeñas y medianas empresas se registró que, durante las primeras semanas de la cuarentena, el 71% de las Pymes en Colombia despidieron amplios segmentos de población trabajadora.


Más aún, el 5 de Mayo de 2020 el Presidente Iván Duque anunció una nueva reglamentación sobre la base de la denominada segunda emergencia económica. Con esta, pretende otorgar un subsidio de nómina por $350.000 a cada trabajador, sin distingo de empresas ni niveles salariales, siempre y cuando el revisor fiscal de la empresa certifique una baja en la facturación del 20%. Ahora bien, teniendo en cuenta que en Abril de 2.020 el índice de confianza del consumidor se redujo históricamente en (-41.3%), la medida resulta insuficiente, tardía y parcialmente equivoca. Por lo cual es procedente proponer que se concentre el subsidio a la nómina en los trabajadores de menores ingresos, particularmente entre 1 y 2 salarios mínimos; y que los apoyos a las grandes empresas a las que seguramente se dirigirían los subsidios por falta de cumplimiento de requisitos de las PYMES, se deben realizar a través de créditos con el sistema financiero.


Por otra parte, desde el frente fiscal es pertinente manifestar que al país le ha hecho mucho daño ese conocido maridaje entre financiación de campañas y el otorgamiento de privilegios a determinados sectores de la actividad económica. Esto se evidenció en la última ley de crecimiento, con la inclusión de un sinnúmero de Exenciones otorgadas a diversos sectores de la producción bajo el argumento de “fomentar la iniciativa privada”. Lo anterior se suma a las ya numerosas exenciones que venían del pasado, entre ellas las mineras.


Igualmente, resalta la falta de coherencia doctrinal e ideológica de un modelo económico que ampara el otorgamiento de exenciones tributarias a grandes segmentos de la actividad productiva, con un espurio ropaje neoliberal. Pues, es preciso recordar que el neoliberalismo no habla de exenciones tributarias, sino de una tarifa moderada sobre las empresas, que coadyuve el impulso de la iniciativa individual. Es decir, el modelo liberal y neoliberal nunca propenden por declarar exentos a las personas naturales y jurídicas de altos niveles de ingreso, sino que proponen que contribuyan con una menor tarifa impositiva. De esta manera, las actuales condiciones de la economía, como el paro económico auto decretado por el Estado y la posición ortodoxa de personas de altos niveles de ingreso que prefieren no obligarse a pagar nada y, con dicho comportamiento, seguir propiciando la desigualdad y el déficit fiscal de nuestro país, son las variables centrales de un modelo económico condenado a ser insostenible. Así pues, en aras de garantizar el futuro económico del país, es necesario repensar la tributación sobre parámetros progresivos y de fuerte exigencia a los altos niveles de ingreso.


Atendiendo las anteriores reflexiones del frente fiscal, bueno es registrar que se hace perentorio la eliminación de las exenciones mineras e igualmente, la no postergación de las exenciones tributarias aprobadas en la denominada ley de crecimiento de 2019, sobre todo en lo relacionado con los beneficios en el impuesto de renta. Igualmente, es preciso que se establezca una tributación progresiva sobre la base de un impuesto extraordinario al patrimonio para personas naturales de altos ingresos. Así mismo, se debe propender por un fuerte impuesto al lucro y la riqueza, con el objeto que se comience a aplicar el principio de solidaridad propio de una manera evolucionada y no convencional de observar el Estado bienestar de estirpe Keynesiana, porque el modelo liberal y neoliberal ya no aplica. Lo que se necesita es una intervención del Estado agresiva en materia económica, donde no se piense por ahora en reglas fiscales ya destrozadas. Pues de hecho, ya estamos en unas autorizaciones del comité de regla fiscal a 5 de mayo de 2020 de 6.1% del PIB; y de una dimensión de costos generales de la pandemia cercano a los $53 billones.


Así las cosas, sería recomendable que el gobierno aproveche la difusión diaria del programa Presidencial que se realiza en compañía de sus ministros y exponga claramente la manera en la que se han invertido los recursos de la emergencia económica hasta hoy, pues son aproximadamente $28 billones. Igualmente, recomendamos que no se actúe en la economía de manera tibia, sino que se intervenga de manera agresiva en la reactivación económica del aparato productivo y de las familias Colombianas, lo que implica tener que pensar en endeudamiento público entre 2020 y 2021, cercano al 14% del PIB. Para ello se pueden tocar puertas en el escenario de la banca multilateral, tales como el BID, el Banco Mundial y la CAF. Así mismo, si esto llegare a ser insuficiente, se puede contar con alternativas como la de respaldarnos con reservas internacionales que se encuentran invertidas en tesoros norteamericanos; o también se puede recurrir a financiación del Banco de la República, respaldada con emisión de títulos del gobierno en el mercado secundario de dinero.


Finalmente, con el ánimo de reestructurar la economía y activar tanto la demanda como la oferta, debemos orientar la mirada a los desarrollos de otros países, entre ellos los de la OCDE. Por lo cual, con el ánimo de diversificar la actividad productiva, proponemos que haya sectores económicos que crezcan más. Entre estos las energías limpias, la salud, la educación y la naturaleza como brújula de desarrollo; en la cual debemos contemplar la conservación de la biodiversidad, la explotación del agua y la agricultura. Por último, se requiere buscar que sectores como la minería y los hidrocarburos empiecen a mermar porcentualmente en su crecimiento.

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